El mundo del secretismo y la reserva bancaria ha cambiado para siempre y amenaza con alterar el pacto sagrado entre clientes y abogados, por lo menos en lo que respecta a los asuntos tributarios. Un mes después de divulgarse el escándalo de los Papeles de Panamá, una filtración de más de 11 millones de documentos con datos sobre movidas financieras de por lo menos 14.000 clientes del bufete panameño Mossack & Fonseca, M&F, las señales de ese cambio tocan a la puerta de nuestro país.

Determinar cuánto de ese dinero es legal o proviene de actividades ilícitas y cuánto estaba escondido para evitar pagar impuestos, es el gran reto de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Para superarlo será fundamental la información que tienen los 65 bufetes y 47 abogados colombianos sobre las 1.342 offshore que ayudaron a constituir en Panamá a través de la firma M&F, cuyos nombres hoy revela Consejo de Redacción gracias al convenio con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, ICIJ.

Esta información servirá para aclarar, por ejemplo, quiénes son los verdaderos dueños y beneficiarios de las offshore o de dónde (actividad) provienen los recursos con que pagaron las inscripciones y que movieron a través de las offshore.

Las firmas se concentran en Bogotá, Medellín y Barranquilla.

Tanto así que el pasado 29 de abril Colombia y Panamá firmaron por fin el aplazado acuerdo de cooperación sobre información tributaria que hace dos años dio origen al rifirrafe entre los dos países.

Dicho pacto significa que, a partir de junio, cuando ambos presidentes lo refrenden, Panamá comenzará a entregar información de los activos que tengan colombianos en ese país, incluso de manera retroactiva, previa solicitud de autoridad competente colombiana. Además, para el 2018, cuando entre en vigencia el acuerdo en su totalidad, el intercambio de información financiera se convertirá en algo automático.

“Esto nos va a permitir conocer realmente qué colombianos tienen activos en Panamá a partir de ayer (28 de abril de 2016) para verificar si los han declarado o no, porque como ustedes muy bien saben tener activos en el exterior, incluyendo Panamá, no es ilegal, uno puede tener una cuenta bancaria o una empresa, lo importante es declararla en Colombia”, dijo Santiago Rojas, jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, DIAN, en una entrevista concedida a la W Radio donde explicó el alcance de este trascendental acuerdo.

La alianza lograda entre los dos países cambia de forma radical la situación de los colombianos que aparecen como clientes o intermediarios de la firma M&F.

Ahora la DIAN, más allá de considerar sospechosa cualquier actividad en el istmo de las empresas o personas colombianas mencionadas en el escándalo, podrá pedir al gobierno panameño la información de sus activos y movimientos financieros.

De esta forma la entidad encargada del recaudo de los tributos en Colombia comenzará un proceso de comprobación para certificar si las transacciones de los implicados con M&F fueron reportadas y pagaron los tributos correspondientes.

En los casos donde esto no haya ocurrido la DIAN impondrá sanciones de tipo administrativo, entiéndase multas, calculadas sobre el monto total que logre identificar de los recursos movidos por colombianos en las offshore de la firma panameña.

Si en este proceso de depuración la DIAN encuentra redes de empresas offshore sospechosas de lavar activos provenientes del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión o el secuestro, deberá reportarlos a la Fiscalía General para que inicie sus propias investigaciones.

Por esta razón el tema seguirá produciendo noticias durante varios meses, las cuales estarán relacionadas con la normalización de enormes capitales que se encontraban fuera de la jurisdicción colombiana. Esta cifra Juan Ricardo Ortega, exdirector de la DIAN y experto en temas tributarios, la calcula en US $18.000 millones, algo así como $54 billones de pesos, según explicó hace pocos días en El Espectador.

Para tener una idea aproximada de lo que puede suceder durante esta purga, según información de El Tiempo, durante la última reforma tributaria se estableció un estímulo a los contribuyentes que tienen recursos sin declarar en el exterior, para que los dejen ver, con un pago de 11,5% sobre sus activos, mientras que la sanción, si es que la autoridad es la que los identifica, asciende al 200%. En menos de dos años, un total de 21.121 contribuyentes han declarado activos por $140 billones de pesos, que equivalen a un 20% de los $700 billones que le cuesta a Colombia el plan de desarrollo para el segundo cuatrienio de Santos.

Por considerar que es una información sensible y con alto valor para el debate público sobre la transparencia en la sociedad colombiana, Consejo de Redacción, CdR, una de las organizaciones que en Colombia investiga junto al Consorcio Internacional de Periodista de Investigación, Icij (por sus siglas en inglés), el alcance de la filtración conocida como los Papeles de Panamá, pone a disposición de sus asociados y el público en general una visualización con los datos que dan cuenta de la magnitud de la participación del gremio de abogados colombianos en los negocios con M&F en el vecino país.

Un debate necesario

Fue tal la conmoción y el temor que produjo la revelación a cuentagotas de los nombres de colombianos asociados al escándalo que diez días después de la revelación, el fiscal general encargado de Colombia, Jorge Perdomo, se apresuró a aclarar que “por ahora no hay evidencia de que los colombianos que invirtieron capitales en Panamá incurrieran en un delito”.

Para tranquilidad de la galería, Perdomo además aseguró a Caracol Radio que “las verificaciones pueden ser parte de un plan de regulación tributaria que será manejado exclusivamente por la DIAN, nosotros como Fiscalía no vamos a perseguir a personas porque no declararon renta aquí en Colombia”.

Desde que comenzó este escándalo muchas voces se han sumado para pedir a los medios de comunicación no generalizar, con el argumento de que no es delito que los colombianos tengan cuentas o empresas en Panamá, incluso una revista especializada como Dinero reclamó por esto en su editorial del 14 de abril: Justos por pecadores.

“Tener una cuenta en el exterior es legal y muchos empresarios decentes la tienen y la necesitan para operar sus negocios. Por ese motivo, los Panama Papers han mezclado desacertadamente justos con pecadores. Es importante no satanizar las cuentas en el exterior, ya que son necesarias para el desarrollo del país. Sin embargo, es vital que estas cuentas cumplan con los requisitos que la ley les impone. Otra cosa son los evasores del fisco, los que reciben coimas o los lavadores de activos. Estos tres ejemplos tienen connotaciones muy diferentes”, fue el argumento principal del editorial.

Otra fuerte crítica que se hizo ante las primeras publicaciones es que en ninguna se prueba que las empresas y personajes colombianos vinculados con el bufete panameño, cometieran algún delito o irregularidad.

Al respecto vale la pena mencionar que lo probado hasta ahora, según las investigaciones iniciales del portal Connectas, el otro socio en Colombia del Icij, es que M&F prestaba algunos servicios de consultoría que podrían tipificarse como presuntos delitos al fisco colombiano.

El más sonoro, porque mueve millones de dólares, se trata de un servicio que los empleados de M&F mencionan en sus correos como ‘refacturación’. “Se trata de emitir facturas por servicios a través de empresas de papel para así justificar gastos en empresas colombianas. De no prestarse el servicio, por esta vía se estarían incluyendo gastos inexistentes en las contabilidades y así se reducirían los impuestos a pagar por utilidades. Así lo explica un empleado de MF a un cliente: “Le mencionamos nuevamente el tema de refacturación para que se lo proponga al gerente y puedan sacar los excedentes de dinero de la compañía”. En la jerga de M&F, el objetivo era “despatrimonializarse en Colombia”. Con mensajes como estos, es claro que lo que se busca es quedar por fuera del radar de la DIAN”, señala la nota Filtros maltrechos de Connectas.

Otro servicio ofrecido y facturado por M&F a compañías y personas en Colombia es el de testaferros o prestanombres. Panameños que el bufete ofrece para que aparezcan como directores de las empresas offshore o las fundaciones y de esta forma desaparecer a los verdaderos dueños o beneficiarios.

“Mossack Fonseca ha registrado al menos 52.696 personas como directores de empresas en Panamá hasta octubre de 2014. Algunas se repiten en más de 10.000 y han aparecido en compañías vinculadas a casos de corrupción. En el top ten aparecen Adelina Mercedes Chavarría de Estribi, como directora de al menos 27.250 compañías; Leticia Montoya, en 11.071; y Francis Pérez, en tercer lugar, al mando de 10.667. Ellos son algunos de los nombres que sostienen la telaraña de empresas que sirven para ocultar dinero de los poderosos del mundo. Los prestanombres del istmo que permiten mantener en el anonimato a los verdaderos dueños”, explica la nota Empresarios de papel de Connectas.

Estas son al menos dos de las razones que explican por qué para la DIAN todos los clientes e intermediarios colombianos de M&F están bajo sospecha y en la mira de otras autoridades como la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, o la propia Fiscalía General.

Si bien en un principio se discutió el rol desempeñado por los medios de comunicación y la pertinencia de que publicaran los nombres de las empresas y personas que aparecen en esta inmensa filtración, hoy en día y ante el acuerdo de cooperación entre Panamá y Colombia, se hace imperativo que quienes tienen acceso a la información la hagan pública y continúen investigando a fondo.

Tal vez quien mejor conceptualizó sobre el debate entre la necesidad de transparencia y el cuidado de la privacidad fue la abogada y columnista de El Espectador, Carolina Botero Cabrera.

En su columna del 21 de abril señaló: “esta filtración es de interés público en tanto revela la forma en que las élites alrededor del mundo ocultan sus ingresos para evadir impuestos utilizando paraísos fiscales. Las finanzas, ingresos e inversiones de presidentes, ministros, alcaldes, gerentes, políticos y grandes comerciantes son relevantes en la vida pública. Por eso es un problema de transparencia que exige investigación periodística seria e informada. El escándalo va adquiriendo justas proporciones. No todo lo que pasaba allí era ilegal y parece injusto estigmatizar a una nación completa por las prácticas de unos pocos. Sin embargo, queda claro que los paraísos fiscales sirven para ocultar importantes fortunas de personajes públicos a lo largo y ancho del mundo. Por tanto, ofrecer y exigir transparencia no es una violación a la privacidad”.

El debate acerca de cómo informar sobre esta filtración tiene otro ángulo bastante complejo que puso en evidencia el embajador de Panamá en Italia, Fernando Berguido, quien le dio declaraciones el pasado martes a Ulrica Nagle, analista internacional del portal Estrategia y Negocios de Honduras.

“Es muy desafortunado el nombre que se le ha dado (Papeles de Panamá), esto tiende a confundir, como si lo que se ha dado a conocer fuera una actuación del gobierno panameño o del Estado de la República de Panamá, cuando en realidad es la actuación de una firma de abogados que, si bien tiene base en Panamá, opera además en 21 jurisdicciones distintas y nada tiene que ver con la actuación del gobierno panameño”, reclamó el diplomático.

Sin embargo, su inconformidad se estrella contra las duras críticas hechas por el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, quien a los pocos días de iniciado el escándalo afirmó que ha servido para “revelar la cultura y la práctica del secreto financiero en el Istmo. Panamá es el último centro financiero internacional importante que permite aún que los capitales se oculten en paraísos fiscales de las autoridades tributarias y policiales de su propio país”.

Además, menciona: “solo hace unas semanas informamos a los ministros de Finanzas del G20 que Panamá se retractaba de su compromiso para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras” y concluye pidiendo al país centroamericano “poner las cosas en orden en el país al implementar estas normas con carácter inmediato”.

Pese al rechazo panameño y la visible indignación de un amplio sector de ese país, el lunes 11 de abril, su presidente, Juan Carlos Varela, escribió una columna en The New York Times titulada No culpen a Panamá; la evasión es un problema global, donde afirmaba que su país iba a colaborar con la comunidad internacional e, incluso, liderar un esfuerzo para solucionar colectivamente los problemas de transparencia en la información financiera internacional.

Dos semanas después de su pronunciamiento, Colombia, usando a su favor la incómoda posición internacional en que se encuentra Panamá, logró firmar el acuerdo de cooperación sobre información tributaria y los colombianos con cuentas y negocios en el vecino país, quedaron en la mira.

La batalla contra los paraísos fiscales

Aunque en Colombia la evasión de impuestos todavía no es considerada una actividad criminal, tan solo una infracción administrativa que se castiga con una multa calculada sobre el valor total de la evasión, la discusión internacional pasa por otros escenarios como, por ejemplo, que se tipifique como delito mayor cuando abogados y contadores sean descubiertos facilitando o participando en estructuras financieras armadas con el fin de evadir impuestos o lavar dinero de actividades ilícitas.

Esta petición la realizaron en septiembre del 2015 delegados de la Administración Tributaria de Inglaterra donde ese tipo de delito sí se penaliza.

Durante la cuarta versión del Foro Mundial sobre Impuestos y Crimen que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE (donde Colombia quiere ingresar), los ingleses señalaron que la no imputación para abogados y contadores “era una debilidad en la lucha contra la evasión fiscal y el crimen organizado”.

Una delegación colombiana hizo parte de ese Foro Mundial en el 2015 y acudirá este mes de mayo a la Cumbre Global Anticorrupción en Londres, con el presidente Juan Manuel Santos, quien tiene claro que la lucha contra la evasión y los paraísos fiscales es desde el 2009 una prioridad para la OCDE, a donde Colombia para ingresar solo le faltan por cumplir 8 de los 23 pasos necesarios.

La lucha contra la evasión fiscal es un objetivo fundamental para que los países puedan cumplir con sus metas de desarrollo. El hecho de que existan evasores fiscales lleva a nefastas consecuencias para las economías de los países que se traducen, por ejemplo, en menos hospitales y escuelas para la gente que más lo necesita. La evasión profundiza la brecha de desigualdad en las sociedades más vulnerables, al tiempo que implica un Estado con menos recursos para brindar oportunidades de desarrollo a las personas desfavorecidas.

Por esta razón la OCDE promueve el intercambio de información fiscal entre los Estados para evitar que los contribuyentes ricos escondan su patrimonio fuera del país, en los denominados paraísos fiscales.

Aunque en Colombia la evasión de impuestos todavía no es considerada una actividad criminal, tan solo una infracción administrativa, que se castiga con una multa calculada sobre el alor total de la evasión, la discusión internacional pasa por otros escenarios como, por ejemplo, que se tipifique como delito mayor cuando abogados y contadores sean descubiertos facilitando o participando en estructuras financieras armadas con el fin de evadir impuestos o lavar dinero de actividades ilícitas.

Por Fabio Posada Rivera – Equipo de Investigaciones CdR*

* Esta publicación hace parte de una serie de 3 artículos tras la segunda revelación de los documentos filtrados de los Panama Papers. La investigación de estos artículos en Colombia estuvo a cargo de Consejo de Redacción, organización de periodistas de investigación a la que pertenece Zona Cero.